Para el próximo martes están citados a declarar como imputados el exalcalde Antonio Luna y los empresarios Nicolás Antón y José Luis Joló

MÉRIDA. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llerena investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, estafa y corrupción en los negocios en relación con la adquisición de una finca para la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, que la multinacional Iberdrola construye en la localidad pacense de Usagre.
 
Según indica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el próximo martes hay tres personas citadas a declarar en calidad de investigados. Se trata de Antonio Luna González, exalcalde de Usagre; José Luis Joló, de la empresa Ecoenergías del Guadiana; y Nicolás Antón García, de Núñez de Balboa e Iberdrola.
 
La investigación tiene su origen en los acuerdos para alquilar parte de los terrenos donde se levanta la planta, en concreto una superficie de 520 hectáreas de la empresa Natura Mananger, con sede en Zafra. Según indica su abogada, Dorinda Aventín, en 2012 se firmó un contrato de alquiler hasta el año 2016 que posteriormente se prorrogó a 2018. La renovación dependía de la posibilidad de obtener licencia de obras para una planta fotovoltaica.
 
Aventín señala que el conflicto saltó en abril de 2018, cuando el dueño del suelo supo que la empresa Núñez de Balboa había sido adquirida por Iberdrola, a pesar de que existía una cláusula que impedía la transmisión de derechos sin el conocimiento de la propiedad. A partir de ese momento, los promotores habrían tratado de conseguir la licencia para mantener el contrato con los precios de alquiler del año 2012. Aunque hubo ofertas al alza, no se llegó a un acuerdo. En la primavera de 2018 obtuvieron los permisos, pero Aventín afirma que lo hicieron a pesar de que no contaban con la autorización previa y sin otros requisitos, lo que denunció la Fiscalía.
 
La propiedad del terreno se opuso en su día a la concesión de la licencia, que quedó en suspenso. Finalmente, los promotores acudieron a un procedimiento expropiatorio, que también ha sido recurrido.
 

Iberdrola se defiende

Iberdrola señala que cuando adquirió la empresa Proyecto Núñez de Balboa en 2018 esa sociedad ya era titular de los contratos de arrendamiento firmados «en condiciones de mercado» con los tres propietarios del suelo necesario para la planta.
 
De esos tres contratos, afirma que uno de los propietarios «ha venido tratando de bloquear el proyecto, exigiendo unas condiciones económicas muy superiores al valor de mercado para este tipo de terrenos, valores que además han sido aceptados por el resto de propietarios».
 
Asimismo, Iberdrola apunta que el proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental, calificación urbanística, autorización administrativa y licencia de obra. Pese a ello, el dueño «se negó a cumplir sus obligaciones contractuales» e impidió la entrada en la finca. A pesar de que intentó un acuerdo, la compañía afirma que no tuvo más remedio que pedir a la Delegación del Gobierno que iniciara la expropiación.

 

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