El Juzgado de Primera Instancia de Llerena investiga presuntos delitos de prevaricación y estafa de Iberdrola, entre otros delitos, en relación a la adquisición de un terreno para la construcción de una gran planta de paneles solares que la multinacional está poniendo en marcha en Usagre, municipio de Extremadura.
Qué pasó
El origen se remonta a los acuerdos existentes entre el propietario y la empresa Natura Mananger para el alquiler de parte de la finca donde se levanta dicha instalación de Iberdrola. Y es que en 2012 firmaron un contrato de arrendamiento hasta 2016 que después se alargó a 2018. Es en este mismo año cuando el propietario se pone en contacto con nosotros para poner el caso en nuestras manos. Fue entonces cuando supo que a través de la empresa Núñez de Balboa Iberdrola habría adquirido sus terrenos, pero sin tener en cuenta en ningún momento la cláusula existente que impedía claramente la transmisión de derechos sin el conocimiento previo del propietario.
Pese a todo lo anterior, en la primavera del mismo año consiguieron los permisos; sin la autorización de la propiedad y sin otros requisitos fundamentales, algo denunciado por la Fiscalía. Además, Iberdrola fue más allá solicitando formalmente la expropiación, desde luego recurrida por nosotros, Dorinda Aventín & Albert Panabera, la defensa del demandante.
Propietario supuestamente estafado
La fiscalía no lo duda y está segura de que el propietario ha sido estafado y que la compañía eléctrica ha incumplido también todos los trámites obligatorios que requiere cualquier intervención urbanística de la envergadura de una planta fotovoltaica de grandes dimensiones. Iberdrola habría ocultado al propietario los proyectos de generación de energía solar que tenía previstos para dichos terrenos y todas las gestiones que estaban llevando a cabo para conseguir la expropiación de las hectáreas afectadas a precio de saldo.
Así pues, la compañía se ha hecho con el manejo de la propiedad usando para ello la cobertura que da un sector tan regulado e importante como el eléctrico, con el objetivo de disminuir el coste de la instalación hasta, al menos, que el proceso judicial finalice.
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]