Cuando alguien busca al mejor abogado matrimonialista en Madrid lo hace no solo para ayudarle en un proceso de divorcio, sino que puede ser también por otras razones: separaciones, impago de pensiones, nulaciones eclesiásticas… Hoy explicamos estas:
Pensión de alimentos
Solicitar la pensión de alimentos para los menores, estar en contra a la que te piden o hacer una petición para cambiar la que aceptaste en su momento por el mutuo acuerdo son solo algunas de las acciones más solicitadas a los abogados matrimonialistas junto con las clásicas reclamaciones de morosidad en el pago.
Acreditar exhaustivamente los gastos verdaderos de los niños y diferenciarlos de los gastos complementarios es una de las acciones más importantes a la hora de pedir formalmente una pensión de alimentos justa. En Dorinda Aventín & Albert Panabera lo haremos por ti y conseguiremos el mejor acuerdo en favor del bienestar de tus hijos.
Custodia de los hijos
Durante el divorcio o la separación es cuando se inicia también el proceso jurídico para la regulación de las medidas conforme la futura situación de los menores.
Para cualquier abogado matrimonialista apasionado, como los nuestros, cualquier supuesto de custodia de los hijos es un importante reto al ponerse encima de la mesa algo tan crucial como el cuidado y educación de los hijos menores.
Puede pasar también de que no haya habido enlace civil, por lo que estaremos ante un proceso legal de relaciones paternofiliales. El ‘modus operandi’ es fundamentalmente el mismo que si hubiese existido unión registrada, por ello es esencial también que sea un jurista matrimonialista quien se ocupe de estos asuntos.
Procedimientos de urgencia
Todo buen letrado especializado en derecho de familia debe saberse a la perfección cómo funcionan todos los procedimientos de urgencia para determinados escenarios. Se evita así sobre todo la sustracción internacional de hijos menores, aunque también hay otras situaciones que nada tienen que ver con la huída del país como por ejemplo solicitudes justificadas para la prohibición de la comunicación o la petición de órdenes de alejamiento de ciertas personas potencialmente peligrosas.
