La multinacional de la energía española, Iberdrola, tiene que jugar una final ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo a cuenta de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, una gigantesca instalación de energía solar, levantada entre los municipios de Usagre, Hinojosa del Valle y Bienvenida, provincia de Badajoz.

Lo malo es que en el partido de ida, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), recibió el equivalente a una goleada el 31 de mayo del año pasado.

El presidente de la Sala, Daniel Ruiz Ballesteros, junto a los magistrados Elena Méndez Canseco, Mercenario Villaba Lava, Raimundo Prado Bernabeu, Casiano Rojas Pozo –ponente– y Carmen Bravo Díaz, anuló, en tono de serio reproche, la expropiación de las 525 hectáreas (cada hectárea es equivalente a dos campos de fútbol, por lo que serían 1050 campos de fútbol de extensión) que habían pertenecido a la empresa Natura Manager, S.L., propiedad del empresario Santos Lázaro, un extremeño hecho a sí mismo.

Y ordenó su devolución.

La planta cubre hasta 1.000 hectáreas de terreno. Las 425 restantes pertenecen a propietarios locales.

En total, son 1,4 millones de paneles solares que producen 500 megavatios. Se encuentran en el mayor punto de radiación solar y con acceso a Red Eléctrica. Un lugar privilegiado.

La inversión ha sido de 290 millones de euros, que han sido financiados por el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial (145 y 140 millones de euros); el resto fue puesto por Iberdrola.

La Planta Fotovoltaica Núñez de Balboa es un auténtico «mar» de paneles solares. No se puede definir mejor.

LA EXPROPIACIÓN CARECIÓ DE JUSTIFICACIÓN ALGUNA

La sentencia del TSJEx, la 326/2022, de 31 de mayo, fue particularmente dura. «El contrato de arrendamiento [cerrado con Natura Manager, S.L.] tenía por finalidad precisamente arrendar las fincas para la construcción en ellas por el arrendatario [Iberdrola a través de la empresa interpuesta que controlaba, Proyecto Núñez de Balboa, S.L.U.] de la Planta Fotovoltaica».

Y añade: «Carece de fundamento alguno pedir la expropiación de unas fincas que meses antes nos hemos asegurado su disponibilidad mediante un contrato de arrendamiento por un periodo de 25 años. Es decir, la solicitud de expropiación carecía de causa o justificación para privar del derecho de propiedad».

Porque cuando se solicitó había un contrato plenamente en vigor, por lo que la Declaración de Utilidad Pública que respaldó dicha decisión era «completamente innecesaria».

La «causa expropiandi», decidida por la Administración General del Estado y solicitada por Iberdrola, fue, por lo tanto, inexistente. «Debemos reconocer el derecho a la devolución ‘in natura’, esto es, al reintegro de las fincas libres de la planta fotovoltaica con todas sus instalaciones, que es lo pretendido por la actora», es decir, Natura Manager, S.L.

La finca, libre de paneles solares, debía ser devuelta a su propietario.

El justiprecio abonado por la expropiación había sido de 3.338.314,92 euros, muy por debajo de los 6 millones de euros que Santos Lázaro abonó cuando adquirió las fincas.

La Planta Fotovoltaica Núñez de Balboa está formada por un mar de paneles solares.

UNA MACROPLANTA QUE NO TIENE LICENCIA DE ACTIVIDAD
En agosto de 2021 se dictó el decreto de cierre de la Planta Fotovoltaica, que se paralizó por el recurso de casación interpuesto ante el Supremo.

«Mi cliente, cuando alquiló los terrenos, en 2012, pactó 500 euros la hectárea. El contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2018. Un año en que se reactivó todo lo relativo a las renovables. Él pidió la revisión del contrato. En aquel momento el precio de mercado de alquiler por hectárea era de 1.500 euros. La respuesta, por parte de Iberdrola, fue la solicitud de expropiación», explica Dorinda Aventín, abogada de Lázaro.

Pero ahí no se acaba la cosa. Porque ese año de 2018 fue cuando el propietario de las fincas descubrió que detrás de Núñez de Balboa, S.L.U. estaba Iberdrola, que aquello no era un proyecto de extremeños para extremeños, y que no se iban a generar 2.500 puestos de trabajo, como le habían prometido.

«La realidad es que los únicos puestos fijos que se han generado son los de guardas de seguridad de la fábrica», cuenta la abogada.

Además, resulta que la macroplanta no cuenta con licencia de actividad, una grave irregularidad.

La concesión de la licencia de obras, por otra parte, ha provocado la apertura de otra causa judicial, esta penal, que, si bien, no involucra directamente a Iberdrola, si tiene como causa la puesta en marcha de la Plata Fotovoltaica, en abril de 2020, en un acto solemne en el que participaron el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el propio presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.

El 18 de marzo de 2019 se puso la primera piedra de la Planta Fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz. En la foto el consejero de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Sánchez Vara –los dos con chaquetas oscuras– con los trabajadores que instalarían después el océano de placas solares ahora en juego.

UN SEGUNDO FRENTE JUDICIAL ABIERTO RELACIONADO CON LA MACROPLANTA

El Ministerio Fiscal ha solicitado 12 años de inhabilitación por los supuestos delito de prevaricación administrativa, falsedad documental, tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Antonio Luna, exalcalde por el PP de Usagre, y la exteniente de alcalde, María Dolores Esteban, por la concesión de la licencia urbanística de la Planta Fotovoltaica de Iberdrola.

La causa se está instruyendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Llerena, Badajoz.

«La obra de Iberdrola se llevó a cabo en el tiempo récord de un año, incumpliendo las prescripciones ambientales derivadas de la declaración de impacto ambiental concedida y de las derivadas de la Confederación Hidrográfica, vías pecuarias y patrimonio, que también impedían la construcción tal como se llevó a cabo», subraya Aventín.

La abogada y su cliente están valorando si ampliar la querella contra Fernández Vara, y contra Sánchez Galán.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS A LA VUELTA DE LA ESQUINA Y NORGES BANK COMO SOCIO

Todo lo que está sucediendo podría tener su repercusión, ante el alto grado de incertidumbre, en la Junta anual de accionistas que Iberdrola tiene previsto celebrar el próximo 28 de abril.

Y también frente a Norges Bank, al que Iberdrola le vendió el 49 % de los proyectos renovables de España, denominados «Porfolio Romeo».

«Recientemente quise ver las cuentas de la sociedad Núñez de Balboa S.L.U. y comprobé que no habían sido presentadas ante el Registro Mercantil, como es obligado. Estaban las de 2020, lo que me impidió ver sus ingresos. Tampoco estaban presentadas las cuentas de Iberenova Promociones S.L.U., cuyo accionariado es 100 % de Iberdrola, titular única de las acciones de Núñez de Balboa», señala Aventín.

«Esta información no se incluye en los informes financieros de Iberdrola y sociedades dependientes que se ponen a disposición de los accionistas en su propia página web, como ordena el mercado y el principio de transparencia», recalca la letrada.

La sentencia del TSJEx tuvo consecuencias personales tanto para Santos Lázaro, que ya ha cumplido 81 años, como para su abogada. «Hemos recibido amenazas del tipo de ‘si no vendéis la finca no sabéis lo que os puede pasar», dice la abogada. Cosa que han denunciado.

Pero lo más grave es que en vísperas de Todos los Santos de 2022, a Lázaro le quemaron su cortijo. El fuego arrasó toda una nave y el material en su interior. Lo que también denunciaron.

«¿Que si tenemos miedo? Tenemos confianza en que el Supremo haga justicia», concluye Dorinda Aventín. O sea, en el partido de vuelta.

Fuente: https://confilegal.com/20230424-iberdrola-se-juega-en-el-tribunal-supremo-el-futuro-de-la-mitad-de-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-europa/